- Las organizaciones ambientales exigen una Evaluación Ambiental Estratégica integral para la red de hidrógeno.
- Se denuncian impactos acumulativos y falta de planificación al fragmentar los proyectos.
- Se reclama transparencia, participación ciudadana y análisis riguroso de impactos ecosociales.
- Las infraestructuras proyectadas afectan ecosistemas, áreas protegidas y comunidades locales.
El desarrollo de proyectos de hidrógeno en España está generando un intenso debate social y político, especialmente en lo relativo a la evaluación ambiental de las grandes infraestructuras asociadas. En los últimos meses, diversas organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas han intensificado sus demandas para que estos proyectos sean objeto de análisis ambiental estratégico, crítico y transparente ante sus potenciales impactos sobre el territorio, los ecosistemas y las comunidades locales.
La presión creciente sobre la Red Troncal Española de Hidrógeno y los corredores asociados como H2Med, junto con otros desarrollos de almacenamiento y transporte, está provocando el rechazo de muchos colectivos que advierten de los riesgos de seguir adelante sin una visión de conjunto, sin una planificación ambiental adecuada ni participación ciudadana real.
Demandas de evaluación ambiental integral para el hidrógeno
Las principales organizaciones que integran la red Gas No es Solución y entidades como Ecologistas en Acción han presentado múltiples alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su petición principal es la paralización inmediata de los trámites de los distintos segmentos del proyecto hasta que se cuente con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que abarque el conjunto de las infraestructuras y no solo tramos aislados.
Según los portavoces de la red, el enfoque actual de tramitar cada tramo por separado impide evaluar los efectos sinérgicos y acumulativos de la infraestructura, que se prevé altamente interrelacionada y que afecta a diversas zonas, comunidades y recursos naturales. Esta carencia de perspectiva global contrasta con la planificación ambiental exigida en otros ámbitos como el transporte eléctrico, generando preocupación por posibles vulneraciones de la normativa ambiental europea y española.
Escasa madurez del mercado y riesgos de sobredimensionamiento
Uno de los argumentos recurrentes de los colectivos ecologistas es el limitado desarrollo operativo actual del hidrógeno en España, con apenas 33 MW de electrolizadores en marcha frente a las proyecciones de hasta 74 GW contempladas por los promotores, orientadas en su mayoría a la exportación hacia países como Francia y Alemania.
Desde Gas No es Solución se alerta sobre la falta de realismo en los escenarios previstos, que exigirían instalar decenas de gigavatios adicionales de renovables con efectos ecológicos e impactos territoriales relevantes. Se insiste además en la necesidad de analizar conjuntamente la demanda actual y futura, y de valorar si la inversión pública destinada a estas infraestructuras responde realmente a objetivos de descarbonización o beneficia sobre todo a grandes operadores energéticos.
Impactos concretos en territorios y ecosistemas sensibles
Las alegaciones municipales y de grupos locales como Ekologistak Martxan han destacado el riesgo de afección directa que supone el trazado de algunos tramos, como el que discurre entre Reocín y Arrigorriaga (Bizkaia), para espacios protegidos, zonas de especial biodiversidad y áreas de interés natural. Entre los hábitats potencialmente afectados se encuentran sistemas kársticos, antiguas zonas mineras y corredores biológicos esenciales para especies en peligro.
Los colectivos ecologistas proponen que cualquier infraestructura de transporte de hidrógeno que deba desarrollarse lo haga siguiendo el recorrido de infraestructuras ya existentes (como autopistas, líneas eléctricas o gasoductos), evitando al máximo la afección sobre suelo natural y áreas protegidas, y minimizando los impactos sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Reclamaciones de transparencia y justicia en la transición energética
Más allá de la cuestión puramente ambiental, las organizaciones reclaman una transición energética democrática, descentralizada y participativa. Se exige que las decisiones estratégicas se tomen con total transparencia, información clara y posibilidad real de intervención por parte de la ciudadanía y los agentes sociales afectados.
Se solicita la aplicación de una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para cada segmento de la red, considerando no solo los efectos locales sino los acumulativos y sinérgicos que puedan originarse por la suma de actuaciones. La falta de coordinación en los proyectos y la fragmentación de las actuaciones podrían contravenir el marco legal vigente y obstaculizar la protección del medio ambiente.
El papel del hidrógeno verde y la urgencia de análisis realistas
Desde el movimiento ecologista se reconoce que el hidrógeno verde podrá jugar un papel importante en la descarbonización de industrias difíciles de electrificar, como la siderurgia, el transporte marítimo y aéreo o la maquinaria pesada. Sin embargo, advierten que no todos los usos previstos pueden electrificarse ni descarbonizarse únicamente con este vector, por lo que es fundamental reducir en origen las necesidades de transporte y consumo.
Para garantizar que la infraestructura de hidrógeno se ajusta a las necesidades reales y no provoca riesgos ambientales o sociales extra, es imprescindible que todo despliegue vaya precedido de un análisis estratégico riguroso. Este debe evaluar tanto los beneficios potenciales como las implicaciones para los territorios, las personas y los ecosistemas afectados.
Desde la sociedad civil, cada vez más voces insisten en que el impulso hacia el hidrógeno debe ser ordenado, transparente y con garantías para el interés general, evitando errores del pasado relacionados con la planificación, la participación y la sobrevaloración de los beneficios medioambientales.
A medida que se multiplican las propuestas de infraestructuras para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, la demanda de evaluaciones ambientales estratégicas, transparencia y participación ciudadana continúa creciendo. La gestión de estos procesos determinará en gran medida el futuro energético de España, asegurando que la innovación y la sostenibilidad vayan de la mano.