- El juicio se celebra en la Audiencia de Bizkaia durante cinco sesiones; la acusada declarará al final de la vista.
- Se investigan hechos entre febrero de 2021 y el 12 de septiembre de 2022: 404 menores presuntamente no vacunados y registros manipulados.
- La Fiscalía solicita 7 años y medio de prisión, inhabilitación y multa; las familias reclaman 12 años e incluyen malversación.
- Analíticas serológicas detectaron falta de anticuerpos; Osakidetza abrió una investigación y revacunó a los afectados.
El proceso judicial contra la enfermera del ambulatorio de Kabiezes (Santurtzi) acusada de fingir la administración de vacunas a menores ha arrancado con una gran expectación. En el centro del caso están 404 niños y niñas que, según la acusación, no recibieron las dosis previstas aunque sus cartillas constaban como completas.
Las familias personadas, casi medio centenar, confían en que el tribunal esclarezca lo ocurrido y fije responsabilidades. La petición de las acusaciones particulares se eleva a 12 años de prisión, mientras que el Ministerio Público plantea una condena inferior y medidas accesorias de inhabilitación y sanción económica.
Arranque del juicio y calendario
La vista se celebra en la Audiencia de Bizkaia a lo largo de cinco sesiones consecutivas. Están citados 69 testigos y ocho peritos, entre progenitores, personal sanitario, especialistas en Medicina Preventiva y responsables públicos vinculados al ámbito de la salud.
La acusada ha decidido intervenir al final del calendario, reservando su declaración para la última jornada tras escuchar el conjunto de testificales y periciales. La sala ha rechazado la suspensión solicitada por su defensa, por lo que la agenda prevista se mantiene.
Qué se investiga
Según el relato de las acusaciones, los hechos se habrían producido entre febrero de 2021 y el 12 de septiembre de 2022, cuando la profesional ejercía como enfermera de Pediatría en Kabiezes. Se le atribuye simular los pinchazos sin inyectar el preparado y, acto seguido, anotar en la historia clínica y en las cartillas que las vacunas habían sido administradas.
El caso saltó cuando varias familias detectaron ausencia de reacciones habituales tras las supuestas vacunaciones (fiebre, inflamación o malestar), además de maniobras “demasiado rápidas” y el descarte inmediato de jeringas, lo que dificultaba comprobar la inoculación del contenido.
Penas y delitos imputados
La Fiscalía solicita para la procesada una pena de siete años y medio de prisión como autora de delitos continuados de daños agravados y falsedad documental, además de la inhabilitación para ejercer y una multa de 18.240 euros. También propone indemnizaciones por los costes derivados de la revacunación.
Las familias, por su parte, piden 12 años de cárcel y sostienen que concurren, además, hechos encuadrables en malversación de fondos públicos por el desecho de viales y el perjuicio económico causado. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el Colegio de Enfermería se alinean con la petición del Ministerio Público.
Cómo surgieron las sospechas
Un comentario casual de un padre —“parece agua, porque no le da reacción”— provocó nerviosismo en la consulta, según han explicado los denunciantes. Varios progenitores relatan que, en ocasiones, la aplicación era “demasiado veloz para el volumen de líquido” y se hacía de espaldas, impidiendo ver con claridad el procedimiento.
Osakidetza activó un protocolo de revisión y citó a los posibles afectados para pruebas serológicas. Los resultados indicaron que un número relevante de menores carecía de anticuerpos compatibles con un calendario vacunal completo, por lo que se pautaron dosis adicionales para restituir la inmunización.
Testimonios escuchados en sala
Algunas familias señalan que la profesional expresaba opiniones contrarias a las vacunas durante las consultas y ofrecía recomendaciones “naturales”, como dejar a los niños caminar descalzos por la hierba. Varias madres y padres, primerizos en su mayoría, admiten que al principio achacaron sus dudas a la inexperiencia.
En los relatos se repiten episodios sobre el manejo del material y el descarte rápido de jeringas. Una compareciente, enfermera de profesión, destacó que la técnica observada no se correspondía con la habitual para ese tipo de preparados pediátricos, algo que aumentó su inquietud.
Investigación e instrucción
La investigación judicial corrió a cargo del Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo, que apreció indicios de falsedad documental y daños. La fase de instrucción culminó con la apertura de juicio oral en la Audiencia y la práctica de la prueba que ahora se ventila en sala.
En el plano económico, los escritos de acusación señalan el presunto desecho de dosis valoradas en unos 26.700 euros y calculan gastos adicionales por revacunación próximos a 5.300 euros. Estas cuantías han sido incorporadas a las reclamaciones civiles y sancionadoras.
El desarrollo del juicio permitirá al tribunal determinar si hubo simulación de actos clínicos, manipulación de registros y perjuicios sanitarios y patrimoniales, así como la responsabilidad penal y profesional que pudiera derivarse.
Con las declaraciones de progenitores, personal sanitario y peritos sobre la mesa, la causa entra en su tramo decisivo: aclarar qué ocurrió realmente en la consulta de Kabiezes y qué respuesta jurídica merece. La sentencia fijará, en su caso, las penas y medidas complementarias, además de las indemnizaciones que procedan.
