- El Servicio Murciano de Salud revisó a 375 pacientes intervenidos por el cirujano investigado y no halló complicaciones clínicas por material caducado.
- De 16 partes con etiquetas de prótesis caducadas, en 13 se descartó su implante y en tres no se pudo confirmar, aunque los pacientes están clínicamente bien.
- El denominado «paciente cero» tampoco recibió una prótesis fuera de fecha, según el nuevo informe clínico.
- La investigación judicial se centra ahora en un presunto fraude económico de casi 7 millones de euros por facturación irregular.
La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha dado a conocer los resultados definitivos de la segunda revisión a los pacientes del cirujano cardiovascular investigado en la trama de las prótesis caducadas, y la conclusión es clara: no hay daños clínicos achacables al uso de material fuera de plazo. El informe, elaborado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, ha analizado una a una las 487 intervenciones realizadas entre 2018 y 2025 a un total de 375 personas.
El jefe del Servicio de Inspección, Leandro Llopis, ha explicado que, tras examinar toda la documentación disponible y realizar evaluaciones presenciales, ninguno de los pacientes ha mostrado signos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. «La salud de los pacientes está protegida», ha afirmado rotundamente, destacando que la prioridad siempre ha sido verificar la seguridad de quienes fueron operados por el facultativo imputado.
Revisión clínica de 375 pacientes intervenidos
De las 487 cirugías realizadas, los inspectores encontraron que en 16 partes de implante aparecían etiquetas correspondientes a prótesis cuya fecha de caducidad ya había vencido. Sin embargo, tras cotejar los informes de alta y el resto de la historia clínica, en 13 de esos casos se pudo descartar que el material defectuoso llegara a colocarse. En los tres restantes, que representan apenas un 0,8 % del total de pacientes, no ha sido posible confirmar con la documentación existente si se usó o no ese material, aunque los especialistas subrayan que clínicamente no hay ninguna alteración atribuible a ello.
De los 375 pacientes, 160 acudieron voluntariamente a la revisión presencial, 146 declinaron la cita y 69 habían fallecido por causas ajenas a las intervenciones. En todos ellos se revisó el historial médico completo, incluidos ingresos en urgencias y pruebas diagnósticas. La tasa de mortalidad observada está dentro de lo esperado para la edad y patologías previas, según indicó Llopis, lo que refuerza la tesis de que las muertes no guardan relación con las prótesis.
Los tres casos sin confirmar y el paciente cero
Sobre los tres pacientes cuya documentación no permite aclarar si recibieron material caducado, Llopis ha insistido en que «ni presentan complicaciones clínicas compatibles con ese tipo de implante ni se ha detectado ningún patrón evolutivo sospechoso». Se trata de una incertidumbre documental que queda ahora en manos del juzgado, ya que la Inspección ha remitido toda la información al tribunal. Por otro lado, el llamado «paciente cero», aquel cuya denuncia inicial destapó el caso, tampoco llevaba una prótesis caducada: la revisión clínica ha descartado que se le implantara material fuera de fecha, contradiciendo las primeras hipótesis de la UDEF.
El responsable de la Inspección ha recalcado que todos los pacientes, especialmente esos tres con dudas administrativas, continuarán bajo monitorización y seguimiento sistemático con acceso preferente en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. «No hay ninguna afectación clínica vinculada al uso de material no adecuado», ha reiterado para transmitir tranquilidad a la población.
El foco en el fraude económico millonario
Descartado el riesgo sanitario, la investigación se centra ahora en el presunto fraude económico. Según Llopis, las discrepancias entre las hojas de implante y los informes de facturación apuntan a un sobrecoste que podría superar los 6,9 millones de euros, con aumentos de precio de hasta el 1.200 % en algunos materiales. Se trataría de una trama en la que se habría facturado material que nunca se utilizó o cuyo coste se infló artificialmente, perjudicando directamente a las arcas del Servicio Murciano de Salud.
El jefe de Inspección ha aprovechado para hacer un llamamiento a la «responsabilidad» de quienes, desde formaciones políticas, han pedido la dimisión de la consejera de Salud. «Apelamos al rigor para evitar mensajes que generen alarma injustificada», ha señalado, recordando que fue la propia Consejería la que trasladó el caso a la Justicia. La causa sigue abierta y el SMS permanece personado como perjudicado, a la espera de que se depuren las responsabilidades penales y económicas.
Los pacientes implicados han recibido un mensaje de tranquilidad, pero también de compromiso: se les hará un seguimiento médico continuado. Mientras la UDEF y el juzgado continúan sus investigaciones, la sanidad murciana da por cerrada la parte clínica del caso, confirmando que ningún paciente ha sufrido consecuencias por las prótesis caducadas. Todo apunta a que el meollo del asunto es un fraude contable, no sanitario.